LA DOCTRINA PAROT NO ALTERÓ EN SENTIDO TÉCNICO LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 2ª DEL TRIBUNAL SUPREMO

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 Como Presidente de Fundación Civil siento hoy una especial satisfacción al publicar el artículo de un jurista tan importante como es D. Antonio Salas Carceller, Magistrado del Tribunal Supremo. Es un artículo jurídico serio en el que expresa su opinión en el sentido contrario a la mía de hace unos días, entendiendo que el Tribunal Supremo no varió su posición al dictar en 2006 la conocida sentencia Parot, que tanto revuelo ha causado. Creo que hoy se cumple uno de los objetivos por los que venimos  peleando —y sufriendo— quienes defendemos la sociedad civil: que exista debate en nuestro seno sobre aquellas cuestiones que a todos nos afectan. Que D. Antonio Salas venga a este debate con un artículo de su pluma es un motivo de satisfacción. No coincidimos en lo jurídico, lo cual no sólo no es preocupante sino estimulante. Pero coindimos en lo sustancial. Algo no hacemos bien todos cuando asesinos y depredadores de la vida y la libertad humana reencuentran su libertad tras una condena impropia de la materialidad del daño causado. La pregunta es ¿por qué ha sucedido algo semejante? Contestaré en estas páginas.

 

 LA DOCTRINA PAROT NO ALTERÓ LA DOCTRINA PAROT  NO ALTERO EN SENTIDO TÉCNICO LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 2ª DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

 

El pasado día 13 de noviembre don Mario Conde afirmaba en este foro que no sentía animadversión contra el Tribunal Supremo. Me satisface que así sea porque ello es propio de una persona inteligente, que lógicamente no confunde una experiencia personal amarga –en la que, por supuesto, no entro por razones obvias- con la propia existencia del Tribunal Supremo y la función que diariamente desarrolla como máximo órgano de la Administración de Justicia en España.
Pero me voy a permitir discrepar respecto de alguna de las afirmaciones que hace don Mario Conde sobre la postura de la Sala de lo Penal en relación con la llamada “Doctrina Parot”, que alumbró en su conocida sentencia de 28 de febrero de 2006.
Discrepo porque entiendo que, en aquella ocasión, el Tribunal Supremo no varió su doctrina jurisprudencial anterior como afirma don Mario, ya que no existía jurisprudencia sobre ello.
Para hablar de jurisprudencia en sentido estricto son necesarias, al menos, dos sentencias conformes que traten sobre el mismo problema jurídico. En este caso había una (sentencia núm. 529/1994, de 8 marzo) que efectivamente, en relación con el Código Penal de 1973, admitió el cómputo de los beneficios penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento legal (30 años), pese a que hubieran varias condenas, por muchos años, acumuladas en fase de ejecución. Esto fue lo que intentó subsanar la “Doctrina Parot”
Las otras resoluciones que cita don Mario, de 15 septiembre y 14 octubre 2005, considero que se refieren a cuestiones diferentes de la abordada por la de 28 febrero 2006.
En ambas (sentencias núms. 1223/2005, de 14 octubre, y 1003/2005 de 15 septiembre), de las que es ponente el mismo magistrado, se trata de una acumulación de condenas impuestas por delitos conexos, con aplicación del artículo 76 del nuevo Código Penal de 1995 en el que ya no existe la redención de penas propia del anterior código de 1973. Dichas condenas se referían a hechos delictivos cometidos bajo la vigencia del nuevo código que, en consecuencia, resultaba ser el único aplicable a tales hechos
La “Doctrina Parot” nació en relación con el Código de 1973, según el cual se habían impuesto las condenas acumuladas. Este código permitía redimir pena de forma que, por cada dos días de trabajo, se restaba uno de cumplimiento.
La errónea aplicación de tal beneficio, no sobre el sucesivo cumplimiento de las penas realmente impuestas sino sobre el máximo de cumplimiento (30 años), da lugar, como se ha comprobado, a que a miles de años de condena no haya correspondido en la práctica el cumplimiento efectivo ni siquiera del máximo de treinta años.
Esto es lo que trató de impedir la “Doctrina Parot” y ha frustrado el TEDH que, con el máximo respeto, entiendo que se ha excedido en la protección de los “derechos humanos” porque, en primer lugar, no existía jurisprudencia del Tribunal Supremo que haya sido aplicada retroactivamente en perjuicio del penado, sino reiteradas resoluciones inadecuadas de otros tribunales –singularmente la Audiencia Nacional- que, ciertamente, debieron ser recurridas en su momento por el Ministerio Fiscal ante aquél, y no lo fueron; y, en segundo lugar, porque el principio de legalidad impone que a quien delinque se le juzgue con arreglo a la ley penal vigente en el momento de comisión -o según la posterior si fuere más favorable- pero la aplicación de tal principio no comporta que, si dicha ley era interpretada de modo ilógico cuando se cometió el delito, y así se conducían los tribunales, no pueda el Tribunal Supremo sentar una doctrina adecuada y, por el contrario, lo que deba hacer sea impedir a dichos tribunales variar su anterior criterio para escoger uno más acertado.
En definitiva, esto que ocurre hoy era previsible cuando en los años 80 el terrorismo atacaba con la mayor virulencia –dejando aparte otro tipo de delitos gravísimos- pero no existió consenso político para modificar en este sentido el Código Penal de 1973 y evitar de raíz tan fatales consecuencias, que entonces se veían aún muy lejos en el tiempo.

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